Tras recibir una multa de 500 millones de euros en abril por incumplimiento de la DMA Apple presentó numerosas actualizaciones para la App Store en iOS, macOS y iPadOS en la Unión Europea para evitar nuevas sanciones.
Las principales actualizaciones incluyen la autorización de múltiples enlaces externos en las apps, que pueden dirigir a los usuarios a sitios de pago alternativos, tiendas de apps de terceros o páginas promocionales en lugar de solo uno, y una nueva estructura de tarifas escalonada.
Esta nueva estructura introduce un modelo de comisiones multinivel para las compras dentro de la app iniciadas a través de sistemas de pago externos a la App Store.
El Nivel Uno consiste en una tarifa del cinco por ciento para servicios básicos (entrega de apps, actualizaciones manuales, moderación), mientras que el Nivel Dos es del 13 por ciento (10 por ciento para pequeñas empresas) para la funcionalidad completa de la App Store (herramientas de marketing, análisis, personalización).
La actualización de la App Store también sustituye el antiguo cargo de 0.50 euros por instalación fuera de la App Store por una tarifa fija del cinco por ciento.
Estos cambios permiten a los desarrolladores una mayor flexibilidad para promocionar ofertas y evitar las tarifas tradicionales de Apple por compras dentro de la app, manteniendo al mismo tiempo un marco de costos estructurado.
La DMA designa a Apple como 'guardián', lo que exige un ecosistema de apps más justo y la ausencia de restricciones anti-control.
El incumplimiento continuado podría resultar en sanciones de hasta el 1 por ciento de la facturación global de Apple.
Apple notificó a los desarrolladores que estas normas se encuentran actualmente en fase preliminar y entrarán en vigor formalmente el 1 de enero de 2026, con la retroalimentación de las partes interesadas para ayudar a perfeccionar el enfoque.
En su comunicado, Apple afirmó que 'no está de acuerdo con este resultado y planea apelas' el mandato de la DMA. La Comisión Europea evaluará ahora la respuesta del mercado para determinar si se requieren más medidas regulatorias o ajustes.