La multa se debe a más de 65.000 anuncios encontrados en la plataforma que infringían la legislación española sobre licencias. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo español declaró que la sanción es seis veces superior a la cantidad que Airbnb obtuvo de estas propiedades sin licencia.

El gobierno ha ordenado a Airbnb que retire estos anuncios, que se consideraron engañosos o carecían de licencias de alquiler turístico válidas. A pesar de la sentencia, Airbnb planea impugnar la multa en los tribunales, argumentando que las acciones del gobierno entran en conflicto con la normativa española.

Pablo Bustinduy, ministro de Defensa del Consumidor de España, afirmó que la multa forma parte de un esfuerzo más amplio para abordar la crisis inmobiliaria en España, donde el aumento vertiginoso de los precios de los alquileres turísticos está expulsando a los residentes locales del mercado.

En declaraciones a Mail Online, Bustinduy declaró: “Miles de familias viven al límite por culpa de la vivienda, mientras que algunas se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a la gente de sus hogares”.

Esta sanción forma parte de una ofensiva más amplia contra las plataformas de alquiler vacacional, como Airbnb y Booking.com, ya que España sigue aplicando requisitos de registro más estrictos para las propiedades de alquiler.

Desde su fundación en 2008, Airbnb ha pasado de ser una pequeña startup de San Francisco que ofrecía colchones inflables en apartamentos a una plataforma global que anuncia millones de viviendas en más de 220 países.

La compañía está valorada actualmente en decenas de miles de millones de dólares y genera miles de millones de dólares en ingresos anuales gracias a las comisiones por servicios.

Sin embargo, la rápida expansión de Airbnb también ha generado controversia. Los críticos argumentan que los alquileres a corto plazo reducen la disponibilidad de viviendas a largo plazo, inflan los alquileres y perturban las comunidades locales en las principales ciudades turísticas.

Los reguladores de Europa y Norteamérica han introducido cada vez más sistemas de registro, requisitos de licencia y multas como las de España para frenar los anuncios no regulados.