La directiva, ahora retirada, emitida de forma privada el 28 de noviembre de 2025, habrĂa exigido a los fabricantes preinstalar la app estatal Sanchar Saathi y garantizar que los usuarios no pudieran desactivarla ni eliminarla en un plazo de 90 dĂas.
Para los dispositivos ya fabricados, el gobierno tambiĂ©n exigĂa a las empresas que actualizan el software de la app.
La medida desatĂ³ inmediatamente la alarma por los riesgos de vigilancia y la falta de consulta con la industria tecnolĂ³gica.
Antes de la revocaciĂ³n, Apple, segĂºn se informa, no tenĂa intenciĂ³n de cumplir, preparĂ¡ndose en cambio para comunicar formalmente a Nueva Delhi que tales mandatos violan los estĂ¡ndares de privacidad y seguridad de la compañĂa, que ya se han mantenido vigentes desde hace tiempo. Se dice que Samsung y Xiaomi tambiĂ©n se resisten al requisito.
La reacciĂ³n se agravĂ³ rĂ¡pidamente tras la publicaciĂ³n de la directiva el lunes 1 de diciembre, lo que llevĂ³ a partidos de la oposiciĂ³n y grupos de derechos digitales a acusar al gobierno de intentar obtener un acceso sin precedentes a los 730 millones de telĂ©fonos inteligentes de la India.
Este miĂ©rcoles 3 de diciembre, el Ministerio de Telecomunicaciones anunciĂ³ la retirada de la orden, argumentando que la revocaciĂ³n se debĂa a la creciente aceptaciĂ³n de la aplicaciĂ³n.
Sanchar Saathi registrĂ³ 14 millones de descargas hasta la fecha, con un aumento repentino de 600 mil nuevos registros tan solo este martes 2 de diciembre.
El ministro de Comunicaciones, Jyotiraditya Scindia, insistiĂ³ en que la aplicaciĂ³n no representa una amenaza para la vigilancia, afirmando que 'el espionaje no es posible ni ocurrirĂ¡'.
Los grupos de derechos digitales acogieron con cautela el cambio de rumbo, y la FundaciĂ³n para la Libertad en Internet lo calificĂ³ de 'un avance positivo', advirtiendo al mismo tiempo que solo se lograrĂ¡ una mayor claridad cuando el gobierno publique la directiva legal actualizada.
Por ahora, el intento de la India de hacer obligatoria e imborrable una aplicaciĂ³n de seguridad estatal parece haber chocado de frente con la presiĂ³n pĂºblica, las normas globales de privacidad y uno de los mayores fabricantes de telĂ©fonos inteligentes del mundo.