El mes pasado, al menos 900 turistas quedaron varados cerca de la antigua ciudadela inca cuando PeruRail suspendió sus servicios tras las manifestaciones. Los residentes bloquearon la vía férrea con piedras y troncos en protesta por la gestión gubernamental de las concesiones de transporte vinculadas a los autobuses turísticos.

La disputa se centra en la sustitución de la operadora de autobuses Consettur, cuya concesión expiró a principios de este año. Los manifestantes han acusado a las autoridades de no garantizar la transparencia y la equidad en el proceso de nombramiento de nuevos operadores.

Tras la interrupción, la organización de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo emitió un comunicado advirtiendo que Machu Picchu "no cumple con los estándares esperados de una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo".

El grupo afirmó que la continua inestabilidad estaba perjudicando la experiencia del visitante y corría el riesgo de socavar la reputación global del sitio.

Jean-Paul de la Fuente, director de la Fundación Nuevas 7 Maravillas, declaró: "Estos factores podrían seguir afectando la imagen del Perú debido a la mala experiencia de los visitantes y, en consecuencia, comprometer la credibilidad de Machu Picchu como una de nuestras Nuevas 7 Maravillas del Mundo".

Añadió que si no se atiende con prontitud la "alta presión turística", existe el peligro de que el patrimonio histórico del sitio sufra daños permanentes.

Machu Picchu fue declarada Nueva Maravilla del Mundo en 2007, junto con monumentos como el Coliseo de Roma y Petra en Jordania. También es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1983.

En respuesta a las críticas, el Ministerio de Cultura del Perú enfatizó que la UNESCO es el "único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural".

El ministerio recalcó que Machu Picchu no figura actualmente en la lista de "Patrimonio Mundial en Peligro" de la UNESCO y que la conservación de la ciudadela no está siendo violada.