La disputa se centra en la Protección Avanzada de Datos (PAD), un servicio de Apple que utiliza cifrado de extremo a extremo para proteger la información del usuario en iCloud, de modo que sólo los titulares de las cuentas, ni siquiera Apple, pueden verla.

En febrero, se supo que el Ministerio del Interior había exigido acceso al contenido cifrado almacenado bajo la PAD, haciendo uso de las facultades otorgadas por la Ley de Poderes de Investigación.

Un documento presentado ante el Tribunal de Poderes de Investigación sugiere ahora que la solicitud no se limitaba a la PAD, sino que podría haberse extendido a otros datos de Apple.

Apple, fundada en 1976 y actualmente dirigida por Tim Cook, introdujo la PAD en 2022 como una medida de seguridad opcional. La tecnología hace que los datos del usuario sean más seguros, pero también irrecuperables si se pierden las credenciales de la cuenta.

En respuesta a las críticas de legisladores estadounidenses y defensores de la privacidad a principios de este año, Apple suspendió el ADP en el Reino Unido, aunque lo mantuvo disponible en otros mercados.

El nuevo documento, publicado inicialmente por el Financial Times, afirma que Apple recibió un aviso de capacidad técnica del gobierno del Reino Unido entre finales de 2024 y principios de 2025.

El aviso, según el tribunal, 'se aplica a (aunque no se limita a) los datos cubiertos por' el ADP.

También incluía 'obligaciones de proporcionar y mantener la capacidad de divulgar categorías de datos almacenados en un servicio de copia de seguridad en la nube y de eliminar la protección electrónica aplicada a los datos cuando sea razonablemente factible'.

No está claro si el gobierno continúa buscando acceso a los datos de usuarios no británicos.

Las autoridades estadounidenses han indicado que se han retirado las exigencias que afectan a los clientes extranjeros, pero el documento plantea dudas sobre el alcance de las intenciones del Reino Unido.

El tribunal atiende denuncias de personas u organizaciones que consideran haber sido objeto de vigilancia ilegal u otra actividad encubierta por parte de organismos públicos.

Su ámbito de competencias abarca las agencias de inteligencia del Reino Unido, como el MI5 y el MI6.

El Ministerio del Interior declaró anteriormente que solo solicita dichas facultades en casos que impliquen riesgos para la seguridad nacional.