Las autoridades han exigido la retirada de casi 66.000 propiedades de la plataforma de alquiler, mientras continúan las manifestaciones contra el turismo en todo el país. Una protesta en Canarias el fin de semana pasado atrajo a miles de personas.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, afirma que las propiedades de alquiler han "vulnerado diversas normas sobre viviendas de uso turístico".

Las propiedades afectadas se encuentran en seis comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Cataluña, Valencia, País Vasco y Baleares.

El anuncio se produce tras una sentencia judicial en la capital española que declara que Airbnb debe retirar inmediatamente las 4.984 propiedades citadas. Por el ministerio del mercado.

Bustinduy y el ministerio esperan ahora nuevas sentencias judiciales sobre unas 60.000 propiedades más, cuyas ofertas han sido consideradas ilegales.

Describió la decisión del tribunal como una "clara victoria para quienes luchan por proteger el derecho a la vivienda".

Bustinduy añadió: "Es posible garantizar que ningún interés económico prevalezca sobre la vivienda y que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, esté por encima de la ley".

La vivienda se ha convertido en un problema importante en España en los últimos tiempos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró a principios de este año que "hay demasiados Airbnb y pocas viviendas".

Sin embargo, la empresa argumenta que el problema de la vivienda en toda España es un problema más amplio y que imponer restricciones al alquiler de viviendas no solucionará nada.

Un portavoz declaró: "La causa fundamental de la crisis de la vivienda asequible en España es la falta de oferta para satisfacer la demanda". Los gobiernos de todo el mundo están viendo que regular Airbnb no alivia los problemas de vivienda ni devuelve las viviendas al mercado; solo perjudica a las familias locales que dependen de los anfitriones para costear sus viviendas y el aumento de los costos.