El decreto no incluye un aumento de la tasa ecológica turística ni un nuevo impuesto sobre el alquiler de coches o vehículos privados con fines turísticos.

Prohíbe la creación de nuevos alojamientos turísticos en edificios plurifamiliares y permite el intercambio de alojamientos turísticos entre particulares, pero sin la posibilidad de aumentar la oferta total. La normativa refuerza la lucha contra los alquileres turísticos no regulados y aumenta las sanciones en un 25 %.

También se insta a los consells insulares a declarar zonas saturadas de turismo que necesiten rehabilitación.