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Las redes sociales tienen 'la obligación legal de proteger a los menores', según el parlamento británico

Si hace unos días la llamada Comisión sobre los derechos de la infancia de Inglaterra publicaba una carta abierta en la que arremetía en términos muy duros contra las firmas responsables de las principales redes sociales, relacionando incluso el reciente suicidio de una chica de 14 años con los contenidos inapropiados que con frecuencia circulan en estas plataformas, ahora le ha tocado el turno a la Cámara de los Comunes del Reino Unido pronunciarse sobre el papel que juega en el bienestar de los menores esa supuesta permisividad mostrada por estas empresas en relación con la naturaleza de ciertas publicaciones de la esfera virtual.

De forma más concreta, ha sido el Comité Parlamentario de Ciencia y Tecnología el que se ha reunido esta semana para debatir una posición común que ahonde en las responsabilidades y obligaciones legales que, a su juicio, deberían asumir los gigantes de internet en lo que a la protección de niños y adolescentes se refiere. Y ahora que el informe ha salido a la luz pública, queda patente que sus conclusiones no difieren demasiado de las presentadas la semana pasada por la mencionada comisión.

Tanto es así, que además de rebatir el argumento que suelen esgrimir empresas como Facebook o Twitter acerca de los criterios con los que han de evaluar las publicaciones -los cuales se basan en términos y condiciones de uso que no siempre están vinculados al contenido en cuestión-, los diputados británicos han pedido a la Cámara y al Gobierno de Theresa May la introducción de un nuevo organismo regulador que garantice el cumplimiento -o en su defecto la rendición de cuentas- de normas especialmente concebidas para la protección de la infancia.

"Durante demasiado tiempo, las redes sociales han operado en un entorno normativo más parecido al del lejano oeste que al de un país desarrollado, hasta el punto de poner a los niños ante situaciones de claro peligro. El gobierno tiene ahora una oportunidad de oro para poner en marcha un plan exhaustivo sobre cómo proteger a los niños en el espacio digital, lo que debería incluir una autoridad reguladora con competencias administrativas y sancionadoras", ha explicado Andy Burrows, director de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños, una de las organizaciones que han participado en los estudios e investigaciones que fundamentan el demoledor informe del Comité.

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